Diego Ancalao, exprecandidato presidencial y dirigente mapuche, sostiene que la formalización en su contra por el denominado caso Kimün respondió a una construcción deliberada del Ministerio Público y no a una investigación objetiva de los hechos. En una extensa conversación con La Entrevista, de Vértice TV, el acusado repasó los dieciocho meses que permaneció en prisión preventiva y afirmó que a lo largo del juicio oral, iniciado el pasado 23 de julio en Puerto Montt, ha quedado demostrado que las acusaciones originales, que ascendían a ocho delitos, resultaron insostenibles y debieron reducirse a uno solo, el de lavado de activos.
El dirigente insistió en que nunca ejerció representación legal ni administración de la Corporación Kimün, entidad que en 2022 recibió 1.200 millones de pesos del Gobierno Regional de Los Lagos para sanear la tenencia irregular de tierras de cerca de 800 familias campesinas. Según su relato, su vínculo con la organización se limitó a la coordinación técnica del programa, contratada directamente por el presidente de Kimün, Jaime Huincahue, mientras que la administración de los fondos correspondió en exclusiva a la corporación y a su tesorería. El programa, concebido para veinticuatro meses, se interrumpió al quinto, circunstancia que Ancalao atribuyó a una operación política que, según sostuvo, fue impulsada desde la propia gobernación regional.
La tesis central del acusado remite a una serie de mensajes de WhatsApp incorporados al expediente de la Policía de Investigaciones, que involucrarían al entonces gobernador Patricio Vallespín, a la administradora regional Viviana Godoy y a un fiscal de la unidad especializada, Marcelo Sambucetti. Ancalao describió esas comunicaciones como evidencia de reuniones destinadas a diseñar una operación comunicacional que lo señalara como único responsable de los traspasos, y precisó que su versión “ya no es mi tesis, sino que es una prueba que está comprobada, valga la redundancia, en los mensajes de esta carpeta de la Policía de Investigaciones”. El exgobernador ha comparecido como testigo en el proceso y no ha sido formalizado por estos hechos, que corresponden, por el momento, a la versión de la defensa de Ancalao.
Entre los pasajes más señalados de su testimonio, Ancalao sostuvo que el fiscal Marco Muñoz Becker justificó en su momento la prisión preventiva al argumentar que su condición de mapuche “obligaba a mantenerme preso porque había riesgo de fuga de una comunidad mapuche a otra”, circunstancia que el acusado calificó como un agravante que “en todas partes está prohibido”. El dirigente contrastó además su situación con la de los otros cinco imputados de la causa, entre ellos Huincahue, que no fueron sometidos a la misma medida cautelar, y sugirió que su historial como aspirante presidencial de la desaparecida Lista del Pueblo y su condición de disidente frente a los partidos tradicionales incidieron en el trato recibido por parte de la Fiscalía Regional.
Sobre el destino final de los recursos, Ancalao remitió la responsabilidad a la propia Kimün, que, según ha reconocido su presidente ante el tribunal, empleó parte de los fondos para solventar deudas del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos. El acusado negó cualquier triangulación a través de Fundelín, la fundación que presidía y que intentó, sin éxito, adquirir esa misma institución educacional por una cifra superior a la pagada por Kimün. Con el juicio prolongándose hacia fines de año, Ancalao expresó su expectativa de que el tribunal determine su inocencia y esclarezca lo que calificó como una utilización política del Ministerio Público en la región de Los Lagos.
fuente: https://www.diariochiloe.cl/noticia/entrevistas/2026/09/caso-kimun-ancalao-acusa-montaje-politico-y-apunta-a-vallespin