Comunicado Público: Preparación de juicio oral, defensa de Ancalao revela audios que acreditan que Fiscalía justificó prisión preventiva por su condición indígena

En el cierre de la audiencia de preparación de juicio oral, la defensa de Diego Ancalao, encabezada por el abogado penalista especializado en lavado de activos José Díaz y el abogado y Doctor en Derecho Rodrigo Lledó, acreditó la calidad indigena y dirigente Mapuche.
La defensa presentó registros de audio que evidencian cómo la prisión preventiva y la persecución contra Ancalao se han sustentado en criterios étnicos discriminatorios más que en fundamentos jurídicos objetivos. En la audiencia de formalización del 5 de agosto de 2023, el fiscal sostuvo que existía un “riesgo concreto de fuga por las especiales vinculaciones con la causa indígena” (minutos 13:57–14:16). Posteriormente, en la audiencia de revisión de medidas cautelares del 23 de enero de 2025, tras un año y siete meses de prisión preventiva, el fiscal reiteró su sesgo racial (minutos 2:06:10–2:07:33).
Aunque estos registros no fueron admitidos como prueba formal, constituyen evidencia clara de que la persecución penal contra Ancalao se ha basado en prejuicios raciales. El abogado Rodrigo Lledó subrayó en audiencia que el fiscal deberá responder por estas afirmaciones ante tribunales nacionales e internacionales.
Por su parte, el abogado José Díaz presentó documentación que acredita la experiencia laboral de Ancalao en procesos de saneamiento de títulos, respaldada por certificados oficiales emitidos por la Subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales. Con ello, se desvirtúan las acusaciones del fiscal de Los Lagos sobre una supuesta falta de experiencia. Asimismo, un peritaje de la PDI incluye un comprobante de depósito —ocultado por el fiscal— que demuestra que jamás ingresó dinero alguno en la cuenta de Ancalao, descartando así cualquier vínculo con lavado de activos.
La defensa sostiene que la única razón por la que Ancalao está acusado es por su condición política y étnica, ya que no existe delito base que permita sostener la acusación de lavado de activos.