Esta es la oportunidad de denunciar y desenmascarar la violación sistemática de garantías procesales por parte de una fiscalía que ha actuado con alarmante falta de objetividad.
El Fiscal Nacional ha guardado silencio cómplice frente a las denuncias de filtración maliciosa de información y racismo procesal al afirmar, en audiencias, que por ser mapuche represento un «riesgo», proscrito por la Constitución y tratados internacionales, utilizadas para justificar una prisión preventiva extendida por más de 18 meses.
Se me ha estigmatizado, bajo una falsa imputación de fraude por $1.200 millones, que la fiscal regional Carmen Wittwer, se vio obligada a retrotraer ante la absoluta carencia de sustento típico, a una cuantía residual de honorarios, eliminado los delitos base de fraude al fisco, cohecho y estafa, que con tanta vehemencia vituperio en la prensa para captar cámaras.
La fiscalía ocultó pruebas exculpatorias, como el Certificado laboral del Ministerio de Bienes Nacionales que acredita mi experiencia y el comprobante de depósito BCI, que demuestra que los fondos jamás ingresaron a mi patrimonio, destruyendo cualquier sospecha de lavado de activos, sacando a la luz la prevaricación por omisión maliciosa y arbitrariedad, junto a falso testimonio al mentir deliberadamente al tribunal para perjudicar.
Esta viloacion al debido proceso será denunciada ante el Consejo de Derechos Humanos y el Mecanismo de Expertos en Derechos Indígenas de la ONU, instancia en la cual he sido acreditado. Allí demostraremos la inaceptable transgresión al bloque constitucional, a los tratados internacionales y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Chile ha jurado respetar, pero que en la práctica utiliza como instrumentos de tortura procesal contra el pueblo mapuche, para criminalizar y neutralizar por su condición político-étnica. Como en el caso Norín, la justicia actúa con “sesgo racista”, como concluyó la Relatora Especial de la ONU, Margaret Satterthwaite el 2025.
Diego Ancalao G.
diego@ancalao.cl
